Miles de inquilinos de VPO en Canarias, atrapados entre un decreto vigente y un Gobierno que no lo activa

Cerca de 10.000 familias canarias que llevan décadas pagando el alquiler de una vivienda protegida siguen sin poder adquirirla. No es que falte una norma: el Decreto 1/2023, aprobado por el anterior Gobierno regional, regula desde hace más de tres años cómo los adjudicatarios de viviendas públicas anteriores a 1996 pueden acceder a la propiedad. El problema es quién tiene la llave del procedimiento.

La norma exige al inquilino ocupar la vivienda de forma habitual, no ser propietario de ninguna otra y haber abonado al menos el 35% de las cuotas de alquiler facturadas. Muchas de las familias afectadas cumplen sobradamente esos requisitos. Pero el proceso no lo inicia el inquilino, sino la Administración, mediante las llamadas resoluciones de oferta de venta de cada promoción. Sin esa resolución previa, no hay nada que solicitar. Y el Gobierno de Fernando Clavijo no las está publicando.

Dos lecturas del mismo decreto

El PSOE, por boca de su portavoz parlamentario Sebastián Franquis, sostiene tras reunirse con colectivos de afectados —entre ellos la Plataforma Ciudadana de Viviendas Sociales en Lucha y la Plataforma 289 Vivienda por Derecho— que no existe impedimento legal alguno: la norma sigue vigente, no ha sido derogada ni modificada, y nació precisamente para facilitar la compra. Lo que falta, dicen los socialistas, es voluntad política. Por eso pedirán la comparecencia del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, y presentarán una proposición no de ley para exigir la apertura inmediata del proceso.

La otra parte también se apoya en el propio decreto. La empresa pública VISOCAN, titular de buena parte de estas viviendas, ha comunicado a inquilinos que «no existe previsión alguna de ofertar la venta» de sus promociones, y esgrime que la norma prohíbe que la venta suponga un detrimento patrimonial para la Administración. Su argumento es contable y fiscal: transmitir al precio protegido original —en torno a 37.000 euros en los casos conocidos— pisos cuyo valor actual ronda los 134.000 generaría una diferencia que Hacienda trataría como operación lucrativa, con un coste estimado por la empresa en casi diez millones de euros para unas 700 viviendas.

El peor momento para quedarse en alquiler

El bloqueo llega con el mercado del alquiler canario en máximos históricos. El precio medio supera ya los 15 euros por metro cuadrado tras encadenar subidas —un 143% desde 2013— y los hogares del archipiélago destinan de media más de la mitad de su salario bruto a la renta, el mayor esfuerzo del país junto a Baleares y Madrid, agravado porque las islas tienen de los sueldos más bajos de España. Con la construcción bajo mínimos, un parque público escaso y la presión de la vivienda vacacional, quien pierde su alquiler protegido difícilmente encuentra alternativa en el mercado libre. Para estas 10.000 familias, comprar a precio de VPO o seguir de inquilinas no es un matiz jurídico: es la diferencia entre consolidar un patrimonio o quedar expuestas al mercado más caro que han conocido las islas.

Un derecho condicionado

El resultado es una figura híbrida: un derecho reconocido sobre el papel cuyo ejercicio depende de una decisión administrativa sin plazos exigibles. La propia Consejería ha admitido que el decreto establece el procedimiento pero no garantiza por sí mismo la entrega de las viviendas. Mientras la cuestión no se resuelva —en el Parlamento o, si las plataformas litigan, en los tribunales—, las familias siguen pagando por un piso que consideran su hogar sin saber si algún día será suyo.

El choque está servido para septiembre, con la vuelta de la actividad parlamentaria.