Bruselas ve tensión en 26 de los 30 grandes municipios canarios

Un análisis de la Comisión Europea difundido el 9 de septiembre de 2026 confirma lo que muchas familias canarias notan cada mes. En 26 de los 30 municipios más poblados de las islas, comprar una casa exige un esfuerzo propio de una zona de mercado residencial tensionado. El caso extremo es Adeje, en el sur de Tenerife, donde una familia necesitaría 24,5 años de toda su renta para pagar una vivienda.

Qué es una zona tensionada

Es un área donde vivir cuesta tanto que la ley permite intervenir en el mercado. En España basta con cumplir uno de dos criterios: que la hipoteca o el alquiler, con los suministros básicos, se lleve más del 30% de los ingresos de un hogar medio, o que los precios hayan subido en cinco años al menos tres puntos por encima del IPC, el índice que mide el coste de la vida. El análisis europeo usa una vara más directa: cuántos años de renta íntegra cuesta una casa. Con ocho ya hay tensión; con diez o más, se da por probada.

Por qué Adeje sale tan arriba

En el conjunto de España, comprar una vivienda media exige unos ocho años de sueldo bruto. En Adeje son 24,5, el triple. El municipio vive del turismo y sus vecinos compiten en el mismo mercado que quien busca una segunda residencia o una vivienda vacacional, es decir, una casa que se alquila a turistas por días. Esa demanda tiene más dinero que el trabajador de un hotel y empuja los precios mientras los salarios locales apenas crecen. Las casas se pagan a precio internacional con sueldo canario. Solo Ingenio, Agüimes, Arrecife y Arucas quedan fuera de la lista: localidades con más peso residencial o industrial y precios aún ligados a lo que ganan sus habitantes.

Qué cambiaría con la declaración

En Canarias la decisión corresponde al Gobierno autonómico, y Adeje espera respuesta desde abril de 2024. Para quien alquila, supondría un tope a las subidas en contratos nuevos y en los pisos de grandes propietarios, que en zona tensionada son quienes tienen cinco casas o más, no diez. Para quien quiere comprar, los precios no bajarán de golpe, pero la normativa canaria impide nuevas autorizaciones de vivienda vacacional en estas zonas, lo que frena la conversión de pisos en alojamiento turístico. Para el ayuntamiento es la llave para exigir vivienda protegida y actuar sobre las casas vacías. Habrá que ver si el Gobierno de Canarias resuelve las solicitudes pendientes antes de fin de año y si el informe de Bruselas pasa de diagnóstico a medidas.