Las Palmas de Gran Canaria avanza hacia la declaración de zona de mercado residencial tensionado

Las Palmas de Gran Canaria se encamina a convertirse en una de las primeras grandes ciudades del archipiélago en acogerse a la figura de zona de mercado residencial tensionado que contempla la ley estatal de vivienda. El expediente, en el que trabajan el ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, se apoya en una evidencia que los datos llevan años reflejando: alquilar en la capital se ha vuelto inasumible para una parte creciente de sus hogares.

Los requisitos se cumplen con holgura

La ley permite declarar tensionada una zona cuando el coste del alquiler o de la hipoteca, más los suministros, supera el 30% de los ingresos medios de los hogares, o cuando los precios han subido en cinco años al menos tres puntos por encima del IPC autonómico. Según los portales inmobiliarios, la renta media en la capital ronda ya los 12 euros por metro cuadrado al mes, tras acumular subidas superiores al 30% en un lustro, mientras que los salarios, según datos del Istac, han crecido a un ritmo muy inferior. Barrios como Guanarteme, Alcaravaneras o el entorno de Las Canteras concentran las mayores tensiones.

Qué cambia para los inquilinos

La declaración, con una vigencia inicial de tres años prorrogables, activaría límites a la actualización de rentas en los nuevos contratos: en general, la renta no podría superar la del contrato anterior, y en el caso de los grandes tenedores quedaría topada por el índice estatal de referencia. Los inquilinos ganarían además prórrogas extraordinarias al finalizar sus contratos. Las fuentes del sector matizan que el efecto será gradual y dependerá del control efectivo sobre los nuevos arrendamientos.

Qué supone para los propietarios

Para los pequeños propietarios, la figura llega acompañada de incentivos fiscales estatales por alquilar a precios contenidos o a jóvenes, mejoras que buscan evitar la retirada de viviendas del mercado. Los grandes tenedores, en cambio, afrontan las obligaciones más estrictas. Una parte del sector advierte del riesgo de que la oferta se desplace hacia el alquiler de temporada o la venta, un efecto observado en otras ciudades españolas que ya aplican la figura y que las administraciones canarias dicen querer vigilar.

Un instrumento, no una solución completa

En lo que coinciden administraciones y fuentes del sector es en que la declaración es un instrumento de contención, no una solución estructural. Sin más vivienda asequible, pública y privada, la presión de fondo seguirá intacta. La capital grancanaria se convierte, en todo caso, en el laboratorio canario de una política que marcará el debate sobre la vivienda en el archipiélago durante los próximos años.