El Parque Nacional de Garajonay limita la construcción y deja viviendas abandonadas en su entorno

Más del diez por ciento de la isla, bajo protección

El Parque Nacional de Garajonay impone limitaciones estrictas a cualquier actuación urbanística.

Casas que ya no se pueden reformar

Viviendas cerca de El Cedro han quedado deshabitadas al no poder ser ampliadas ni reformadas.

Propietarios atrapados entre la conservación y la vivienda

Quienes heredan viviendas dentro del perímetro protegido no tienen alternativas claras.

Efecto indirecto sobre los municipios vecinos

La limitación traslada presión constructora a Vallehermoso o Hermigua.

Un bosque de laurisilva declarado Patrimonio Mundial

El Parque Nacional de Garajonay protege uno de los bosques de laurisilva mejor conservados de Canarias, reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial desde 1986 por su valor como reliquia del bosque subtropical que en su día cubrió buena parte del sur de Europa. Esta doble protección, nacional y de la Unesco, explica el carácter especialmente estricto de las limitaciones urbanísticas asociadas al parque. Cualquier intervención en su entorno inmediato requiere informes técnicos adicionales que no se exigen fuera del perímetro protegido. El valor ecológico del espacio está fuera de discusión, incluso entre quienes reclaman flexibilizar las normas para las viviendas colindantes.

Familias atrapadas por la ley de patrimonio natural

Varias familias con viviendas heredadas cerca de El Cedro relatan la frustración de no poder ampliar ni reformar sustancialmente casas que llevan generaciones en su poder, pese a residir en ellas de forma habitual antes de que avanzara el deterioro. La normativa de protección no distingue entre construcción nueva y rehabilitación de lo ya existente, lo que endurece considerablemente cualquier trámite. Algunos propietarios han optado por realizar reparaciones mínimas sin permiso, ante la lentitud y complejidad de la vía administrativa ordinaria. Otros, directamente, han terminado abandonando la vivienda al no encontrar una solución viable dentro de la legalidad.

El goteo de traslados hacia los municipios vecinos

Ante la imposibilidad de reformar o ampliar sus viviendas dentro del perímetro protegido, buena parte de las familias afectadas han optado por trasladar su residencia habitual a núcleos de Vallehermoso o Hermigua, donde el planeamiento urbanístico ofrece mayor margen de maniobra. Este desplazamiento ha reforzado la demanda de suelo y vivienda en ambos municipios, con el consiguiente efecto sobre los precios locales. Promotores y agentes inmobiliarios de la zona reconocen que parte de su actividad reciente responde directamente a esta presión indirecta procedente del entorno del parque. El fenómeno ilustra cómo una protección ambiental estricta en un punto de la isla puede trasladar tensión inmobiliaria a otros municipios.

Un debate recurrente sobre compensaciones

Asociaciones de propietarios afectados reclaman desde hace años algún tipo de compensación económica o fiscal para quienes ven limitado el uso de su vivienda por la protección del parque, una demanda que hasta ahora no ha encontrado respaldo normativo. El Cabildo de La Gomera ha estudiado fórmulas de ayuda puntual para el mantenimiento básico de estas viviendas, sin que se haya concretado un programa estable. Expertos en derecho urbanístico señalan que situaciones similares en otros espacios naturales protegidos de Canarias se han resuelto con mecanismos de permuta o realojo, todavía no explorados en el caso de Garajonay. El debate sobre cómo compensar a estas familias sigue abierto sin una solución definida a corto plazo.