Vivienda en Cabo Verde en 2026: crédito bonificado, aval del Estado para jóvenes y mil casas sociales más

En Cabo Verde, conseguir casa es sobre todo un problema de dinero y de crédito. Los sueldos son bajos en comparación con el precio de construir, los bancos piden una entrada que pocos jóvenes tienen ahorrada, y una parte importante de las familias vive en casas sin terminar o en mal estado. El Gobierno ha declarado la vivienda área prioritaria de su presupuesto para 2026 y ha aprobado este año varias medidas. Según los datos del propio Ejecutivo y los dos decretos-ley publicados en enero y en mayo, el plan actúa en tres frentes.

Hipotecas más baratas

La primera pieza es el crédito bonificado. El Estado paga una parte de los intereses del préstamo para comprar o construir la vivienda habitual, de modo que la cuota mensual baja. La ayuda es mayor para los jóvenes, a quienes el Estado puede cubrir algo más de la mitad de los intereses, y ronda la mitad en el régimen general. En un país donde el crédito es caro, esa diferencia puede decidir si una familia puede asumir la cuota.

Además, ha subido el valor máximo del préstamo que puede acogerse a estas condiciones, hasta 10 millones de escudos, que son unos 90.000 euros. Con el límite anterior quedaban fuera muchas viviendas de las ciudades, donde los precios han subido más.

El Estado avala parte de la entrada

La segunda pieza ataca el obstáculo más habitual: la entrada. Los bancos no financian toda la vivienda, y reunir la parte restante es justo lo que frena a quien empieza a trabajar. Para los jóvenes, el Estado ofrece ahora una garantía pública de hasta el 15 % del crédito. No es dinero que se entregue al comprador, sino un aval: si el Estado responde de esa parte, el banco puede prestar más y exigir menos ahorro previo. A lo largo de 2026 se han firmado acuerdos con las entidades financieras para ponerlo en marcha.

Se añade una mejora en el impuesto sobre la renta: aumenta el límite de lo que se puede deducir por alquiler y por la financiación de la vivienda, lo que alivia algo tanto a inquilinos como a quienes pagan hipoteca.

Incentivos para construir a precios controlados

La tercera pieza mira a la oferta. El nuevo programa de acceso a la vivienda a costes controlados está pensado para jóvenes y para los trabajadores de la hostelería, y también para los promotores que construyan para ellos. El detalle importa. En islas como Sal y Boa Vista, el turismo ha creado miles de empleos, pero quienes trabajan en los hoteles a menudo no encuentran dónde vivir cerca de su puesto.

A cambio de vender o alquilar a precios limitados, los promotores reciben un paquete de ventajas: crédito fiscal, exención de los impuestos sobre la propiedad y la transmisión de inmuebles y del impuesto de sello, rebaja de los aranceles para importar materiales y exención de los gastos de notaría y registro. En un archipiélago que importa casi todo lo que usa para construir, abaratar los materiales es probablemente la medida con más efecto sobre el precio final.

Mil casas sociales más

La vivienda pública depende de la empresa estatal de vivienda, que trabaja con los 22 municipios del país. El objetivo para 2026 es sumar en torno a mil casas sociales más, financiadas con presupuesto público y con crédito bancario. Se añadirían a las cerca de 1.700 u 1.800 que ya están construidas, en obra o en concurso.

La dimensión del problema

La cifra hay que ponerla en contexto. El propio Gobierno calcula que faltan más de 14.000 viviendas en el país y que más de 50.000 necesitan rehabilitación. Mil casas al año son un paso real, pero a ese ritmo el déficit tardaría más de una década en cerrarse, y eso sin contar las familias nuevas que se forman cada año. Por eso el peso del plan no está en lo que construye el Estado. Está en conseguir que la banca preste y que los promotores privados construyan a precios asumibles.

Quedan dos incógnitas. La primera es si los bancos aplicarán con agilidad las nuevas condiciones, porque el aval y la bonificación solo sirven si el crédito llega de verdad a los jóvenes. La segunda es la rehabilitación: la mayor parte del problema no son las casas que faltan sino las que existen en mal estado, y ahí las medidas anunciadas son menos concretas.

Las condiciones de cada ayuda, los requisitos y los bancos adheridos se publican en los canales oficiales del Gobierno de Cabo Verde y de su empresa pública de vivienda.