El Cabildo de La Palma estudia declarar zonas de mercado residencial tensionado en la isla

Una herramienta estatal que llega también a las islas menores

La Ley por el Derecho a la Vivienda permite a las administraciones declarar zonas de mercado residencial tensionado en aquellos municipios donde el esfuerzo de las familias para pagar la vivienda supera ciertos umbrales. Fuentes del propio Cabildo de La Palma confirman que la institución insular, junto al Gobierno de Canarias, analiza si algunos municipios de la isla cumplen ya esos requisitos.

Santa Cruz de La Palma y Los Llanos, los principales candidatos

Según los datos manejados por los portales inmobiliarios, tanto la capital, Santa Cruz de La Palma, como Los Llanos de Aridane, presentan los indicadores de tensión más claros: escasa oferta de alquiler, subidas de precio sostenidas y un porcentaje creciente de hogares que destina más de un tercio de sus ingresos a vivienda.

Qué cambiaría para propietarios e inquilinos

De aprobarse la declaración, los contratos de alquiler en las zonas afectadas quedarían sujetos a limitaciones de precio vinculadas a un índice de referencia, y los grandes propietarios tendrían obligaciones adicionales de información y de oferta. Fuentes del sector inmobiliario palmero se muestran divididas ante la medida.

Un proceso que llevará meses

El propio Cabildo reconoce que la declaración de zona tensionada exige un diagnóstico técnico detallado, calle a calle, que todavía está en fase de elaboración, por lo que cualquier decisión definitiva no se espera antes de varios meses.

Cómo lo han hecho otros municipios canarios

La fórmula de zona tensionada ya se aplica en algunos municipios peninsulares, y el Gobierno de Canarias sigue de cerca esos primeros resultados antes de extenderla al archipiélago. Fuentes autonómicas señalan que La Palma podría convertirse en la primera isla no capitalina en solicitar la declaración.

Las reservas del sector inmobiliario insular

Asociaciones de agentes inmobiliarios de la isla han trasladado al Cabildo su temor a que la limitación de precios reduzca aún más la escasa oferta de alquiler disponible. Desde la institución insular se insiste en que la decisión final se basará en datos objetivos y en un proceso de diálogo con el sector.