San Bartolomé de Tirajana aprieta el control sobre las viviendas turísticas ilegales en Playa del Inglés

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha reforzado en las últimas semanas la inspección de viviendas anunciadas como alojamiento turístico en Playa del Inglés y el barrio residencial de San Fernando, después de que los servicios municipales detectaran, según fuentes municipales, varios cientos de anuncios activos en plataformas digitales sin la preceptiva licencia de vivienda vacacional.

Un boom de anuncios sin control

La proliferación de pisos turísticos no reglados se concentra, según los técnicos consultados, en los edificios de uso mixto de San Fernando, donde conviven vecinos con contrato de alquiler de larga duración y apartamentos que cambian de ocupante cada pocos días. Los portales inmobiliarios calculan que la rentabilidad de alquilar por noches durante la temporada alta puede llegar a triplicar la de un alquiler residencial tradicional, lo que ha disparado el atractivo de esta fórmula entre pequeños propietarios.

Vecinos que piden más mano dura

Asociaciones de vecinos de San Fernando llevan meses reclamando al Consistorio que sancione con mayor celeridad los pisos detectados sin licencia, denunciando problemas de convivencia, ruido y rotación constante de turistas en fincas pensadas originalmente para uso residencial. El propio Ayuntamiento admite que la ordenanza turística municipal, aprobada hace años, necesita una revisión para adaptarse al crecimiento del alquiler de corta estancia gestionado a través de aplicaciones móviles.

El impacto sobre el alquiler residencial

Fuentes del sector inmobiliario coinciden en que la conversión de pisos de larga duración en alojamiento vacacional ha reducido de forma notable la bolsa de vivienda disponible para alquiler tradicional en la zona turística del municipio, lo que ha presionado al alza las rentas que pagan los trabajadores del sector servicios que buscan vivir cerca de su puesto de trabajo.

Próximos pasos del Consistorio

El gobierno municipal estudia endurecer el régimen sancionador y coordinarse con el Gobierno de Canarias para cruzar los datos de las plataformas de alquiler vacacional con el registro de viviendas turísticas legalizadas, en línea con las demandas que otros ayuntamientos costeros del archipiélago vienen planteando desde hace meses.